Search Results for 'colciencias'

Published by carobotero on 13 ene 2012

Adios al 2011 y hola al 2012!!

Silencio de varias semanas, les dejo acá las columnas de estas últimas semanas:

Colciencias promociona el acceso abierto
El gobierno colombiano, junto con los de Noruega, Dinamarca y Estados Unidos, financió el Portal Global para el Acceso Abierto de Unesco (Goap por sus siglas en inglés). Goap es una herramienta de referencia para los usuarios que buscando información sobre acceso abierto en la red. (seguir en El Espectador y acá si quieren leer sobre GOAP)

Consideraciones sobre P2P
En España absolvieron en primera instancia a Pablo Soto, programador español que desarrolla software P2P. (Seguir leyendo en El Espectador)

Prácticas institucionales inducen piratería
Axtlek es fotógrafo, ingeniero, profesor y miembro de la comunidad de software libre, por eso nadie se sorprende si se entera de su más reciente discusión por la imposición del uso de software privativo en algún contexto. (seguir leyendo en El Espectador)

Sobre dominio público
El 1 de Enero de cada año en Internet se habla del “día del dominio público”, se publican listas de las obras que lo alimentan ese año. (seguir leyendo en El Espectador)

Published by carobotero on 16 dic 2011

columnas: Suiza analiza el ACTA y Colciencias promociona el Acceso Abierto

Acá les dejo referencia a las dos últimas columnas

Suiza analiza el ACTA

El informe suizo (http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2011/2011-11-30/ber-br-f.pdf) que sirve para analizar su adhesión al Acuerdo Internacional para Combatir la Falsificación (ACTA) trae una serie de consideraciones que vale la pena tomar en cuenta… (seguir leyendo en El Espectador)

Y la de hoy:

Colciencias promociona el Acceso Abierto

El gobierno colombiano, junto con los de Noruega, Dinamarca y Estados Unidos, financió el Portal Global para el Acceso Abierto de Unesco (Goap por sus siglas en inglés). Goap es una herramienta de referencia para los usuarios que buscando información sobre acceso abierto en la red… (seguir leyendo en El Espectador)

En relación con el GOAP les dejo los siguientes enlaces para su referencia sobre el GOAP, sobre Colombia y sobre los contribuyentes al mismo.

Published by carobotero on 18 mar 2011

Art. 26 del PND cuestionado por Defensa pero no por Salud, Innovación, Educación…

El artículo 26 del Plan Nacional de Desarrollo, que está haciendo su trámite para convertirse en ley en el Congreso, dice:

Artículo 26. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL. En el caso de proyectos de ciencia, tecnología e innovación adelantados con recursos del presupuesto nacional por micro, pequeñas y medianas empresas, centros de investigación o desarrollo tecnológico reconocidos por Colciencias, así como por instituciones de educación básica primaria, secundaria, media o superior, el Estado cederá a las Partes del Proyecto los derechos de propiedad intelectual que le puedan corresponder, según se establezca en el contrato.
Las Partes del Proyecto definirán entre ellas la titularidad de los derechos de propiedad intelectual derivados de los resultados de la ejecución de los recursos del presupuesto nacional.

Esta disposición más allá de otorgarle titularidad a los ejecutores de las investigaciones sobre sus resultados renuncia a que el Estado pueda aprovecharlas en beneficio público a pesar de que se producen con dinero del presupuesto nacional. Es decir abre la puerta a privatizar resultados de investigación que son financiados con recursos públicos, con nuestros impuestos. Además esta disposición copia mal la que desde 2008 tiene Colciencias, digo mal porque al menos esa prevé una licencia gratuita para casos de interés público que en el PND se ignoran (es decir no solo renuncia a decir que lo público debe tener impacto público, sino que además ignora siquiera las excepciones necesarias para el interés público)

El único que parece haber notado esto es el Ministerio de Defensa, la Silla Vacía reporta que ayer este ministerio logró insertar en el artículo 26 la salvedad de que esa cesión no aplica cuando haya “motivos de seguridad y defensa nacional”. Es una lástima que el ministerio de salud no piense lo mismo sobre temas de salud, que el ministerio de educación no caiga en cuenta que las investigaciones en educación pueden ser útiles para sus propios procesos, etc.

Pero, adicionalmente me pregunto yo si realmente TODOS los resultados de las investigaciones son objeto de protección, me pregunto si el Estado puede decidir a priori a quien corresponden… por ejemplo ¿qué pasa cuando el resultado de una investigación tiene que ver con conocimiento indígena?, ¿se puede afirmar en estos casos que los resultados son de quien ejecuta la investigación?

Me gustaría reafirmar que por mucho que me gusta la idea de acceso abierto entiendo que éste tiene límites. En los casos de defensa es claro que el veto no necesariamente es para que los resultados sean en “abierto”, el ministerio lo que se da cuenta es que quien financia puede decidir el destino del resultado… De hecho lo que digo es que independientemente de la titularidad de los resultados las decisiones que adoptan los patrocinadores de investigación sobre acceso abierto como resultado de su financiación no suelen ser “ahora todo es acceso abierto”, lo que suele suceder es que se plantea el acceso abeirto como regla general y se dejan abiertas excepcionesde casos que no deberán ser en acceso abierto (normalmente sujetas a la decisión, al análisis de un comité o autoridad que estudia los casos).

Realmente creo que ese artículo 26 esta totalmente fuera de lugar, que como casi todo en las legislaciones de propiedad intelectual se dibuja como negro o blanco… se olvidan los matices de gris… ¿qué opinan?

Published by carobotero on 04 mar 2011

¿Perderá Colombia la oportunidad de definir política de circulación de investigaciones financiadas con nuestros impuestos?

Me invitaron a escribir una columna para El Espectador (que no fue publicado en el .com) y decidí hacerlo sobre un tema que me ronda hace unos días y es la decisión de nuestro Estado de renunciar a decidir el destino y la forma como se usará la investigación en ciencia, tecnología e innovación que financia con nuestros impuestos. La columna fue publicada hoy en la versión impresa del periódico asi que les dejo aca el texto que escribí:

¿Desaprovechando una oportunidad?

Es costumbre que quien ponga el dinero en un proyecto defina condiciones de derecho de autor, pues los derechos patrimoniales son libremente negociables, esto permite al sector público definir políticas de propiedad intelectual de aquello que financia. Las políticas de propiedad intelectual pueden impulsar la idea de que es el control de la propiedad intelectual el motor de innovación que permite al sector productivo recuperar su inversión, o, pueden aprovechar las capacidades de las nuevas tecnologías para potenciar el acceso a favor de la sociedad en general también como una forma de impulsar innovación. A pesar de la tendencia mundial para la época, Colombia se inclina por la primera.

El Acuerdo 8 de 2008 de Colciencias entregó a los ejecutores de las investigaciones que financia la titularidad sobre la propiedad intelectual resultante de los proyectos de investigación, de modo que tuvieran control sobre su explotación.

En contraste ese mismo año el gobierno australiano produjo un informe respecto del sistema nacional de innovación en el que elogiaba la apertura. El informe no solo aconsejaba al Estado la adopción de estándares internacionales de publicación abierta sino que consideraba que la información pública debería estar a disposición de la iniciativa privada para su explotación como motor de innovación.

Hoy Brasil construye una ley que impone acceso abierto a lo que se financia con dinero público; las universidades públicas y privadas, instituciones como el BID, o la Fundación de Bill Gates también lo hacen; e incluso Colombia promueve y lidera proyectos nacionales de repositorios de acceso abierto… y, sin embargo, de aprobarse el artículo 26 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 nuestro país renuncia a definir las condiciones de circulación de los resultados de proyectos en ciencia, tecnología e innovación que sean financiados por recursos del presupuesto nacional. Con esta norma se amplía el alcance y se eleva a ley la política de Colciencias. Acaso ¿no sería oportuno analizar con detalle esta situación?, ¿no deberíamos evaluar los pro y los contra de la continuidad y generalización de tal política?

Viéndolo ya en impreso se me ocurrió que hay mucho más para decir, pero hay una cosa en concreto que no puedo dejar pasar, y se trata de hacer notar a ustedes que la política de Colciencias incluye una excepción y es que se pueda establecer que por motivos de interés público el resultado de una determinada investigación sea licenciado gratuitamente a Colciencias. Bien, ni siquiera esta disposición quedó en la ley que tendría en consecuencia una aplicación bastante estricta en lo que respecta a la transferencia del control a los individuos ejecutantes.

Es posible que el ejercicio de escribir columnas se repita cada semana los viernes, esperemos a ver como nos va!

ACTUALIZACION: Les dejo algunos enlaces relacionados por si quieren profundizar:
1. La noticia de Colciencias cuando se expidió la política en 2008
2. El Acuerdo 08 de 2008
3. Mi opinión a la política de Colciencias en 2008
4. El proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo que cursa en el Congreso
5. Sobre el informe australiano de innovación

Published by carobotero on 20 may 2008

equinoXio: Propiedad Intelectual sin Interés Público

Se publica hoy un artículo destacado en equinoXio mío que creo que les interesa:

Propiedad Intelectual sin interés público

En estos días está siendo analizado en Ginebra por la Organización Mundial de la Salud (OMS) la estrategia y el plan de acción que facilite el acceso de medicamentos, especialmente para los países en vías de desarrollo. Esta estrategia fue elaborada por un grupo designado por dicha organización como resultado concreto de un informe de especialistas sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual que se presentó en el marco de la OMS en el 2006. En días pasados Semana comentaba como hace poco en una de las reuniones de la OMS Colombia adoptó una posición radical sobre “protección” a la propiedad intelectual en este marco.

Indica Semana que “Colombia tomó una posición contraria a la del grueso de naciones en desarrollo, e incluso fue más conservadora que Estados Unidos, y parte de Europa, que están defendiendo a los grandes pulpos de los medicamentos”. En el artículo se resalta que la posición de Colombia en este marco ha sido la de “plantear que la OMS debe abandonar estos temas, por considerarlos del resorte de las organizaciones mundiales del comercio y de la Propiedad Intelectual”. El artículo explica la propuesta de los países en desarrollo sugiriendo que la motivación de Colombia para adoptar esta posición se vincula con la búsqueda a cualquier precio por que el TLC con EEUU sea aprobado y como en consecuencia se convierte en el defensor de su industria.

Como a casi cualquier persona que lea ese artículo también me quedé con un sabor amargo, sin embargo no me sorprende ya que soy consciente que el artículo expone la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano en representación de nuestro país en el área de propiedad intelectual que se aplica en propiedad industrial y que es esencialmente la misma para temas de derecho de autor, como se evidencia en su actuación frente a la propuesta de Chile en la Agenda para el Desarrollo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en este campo.

En 2006 Chile presentó en el marco del Comité Provisional sobre Propuestas relativas a un Programa de la OMPI para el Desarrollo (PCDA) una propuesta que incluía dos planteamientos concretos (a) la valoración del dominio público y (b) la importancia de los sistemas complementarios a y en la propiedad intelectual (licenciamientos alternativos y mención concreta a Creative Commons). En este marco Colombia se opuso tanto a la primera como a la segunda en temas que también en este campo vienen cohesionando a los países en desarrollo y ganando simpatizantes entre los países desarrollados.

Como en el caso de los medicamentos, el sustento del rechazo de la delegación colombiana a estas propuestas tiene su fundamento en que se trata de un tema que es propio de los particulares y no de resorte del Estado. En supuesta coherencia con esta posición Colombia fue el único país que rechazó la propuesta de fortalecer el dominio público indicando que se trata de “un conocimiento que no es susceptible de protección a través de la propiedad intelectual, o que siéndolo, ha perdido dicha protección, razón por la cual es de libre acceso y aprovechamiento por parte del público (y) el trabajo de difundir las creaciones que se encuentran en el dominio público, no es una labor que atañe a la OMPI sino a los particulares, ya es de ellos”. De manera similar Colombia se opuso a que se hiciera referencia a sistemas de licencias abiertas, y más concretamente a las licencias Creative Commons, por que el derecho de autor tiene como fin otorgar protección a los autores de obras literarias y artísticas permitiendo el control de los mismos sobre sus creaciones, de manera individual y según sus propios intereses y propósitos, por lo tanto no debe el Estado inclinarse por modelos de gestión de los derechos de autor de una u otra manera.

Si Colombia no ha considerado el marco necesario y amplio de la salud pública en países en desarrollo, mucho menos parece estar pensando en el sistema jurídico de derecho de autor como un todo donde tan importante es el derecho particular de los autores como la posibilidad de garantizar a la sociedad la disponibilidad del material intelectual, cultural y científico que se soporta en derechos tan importantes como el derecho a la información, a la cultura, a la educación, etc., (por cierto derechos que también son derechos humanos y respecto de los cuales el Estado colombiano también ha adquirido compromisos internacionales). En consecuencia nuestro país no ha analizado las particularidades del dominio público, su importancia en la academia, en la ciencia, en la música tradicional (que en gran parte ni siquiera pasa por el derecho de autor por que no tiene autor conocido o en general no cumple con la categorización de “obra” que le haría merecedora de tal protección), no ha estudiado la utilidad de los nuevos sistemas de licenciamiento abierto en estos sectores como mecanismos de impulso y participación que favorece procesos creativos, facilita transferencia de conocimientos e impulsa innovación. En resumen no ha mirado sino el tema de la industria.

El argumento central de Colombia para adoptar esta línea es que el Estado debe limitar su intervención en las relaciones comerciales de los particulares, lo que debe es promover la libre competencia económica consagrada en la Constitución Nacional, un argumento que escuché a los funcionarios del Estado en las tres oportunidades en las que estuve presente dentro de presentaciones del Documento Conpes sobre Propiedad Intelectual que refleja precisamente esa misma tendencia. El Estado colombiano parece adherir a una posición en la que la propiedad intelectual tiene su fundamento y razón de ser en la industria relegando su marco de influencia en áreas públicas como la educación y la cultura a un segundo plano. De hecho las suspicacias de los periodistas de Semana en relación con los intereses que hay detrás de la posición colombiana ya la tuvieron otros periodistas en el ámbito del derecho de autor que sospechan de los intereses que se están protegiendo

Que estamos frente a una estrategia y posición oficial no hay duda. mientras que en el mundo las Universidades más importantes adoptan esquemas de acceso abierto mientras se define incluso en la arena legislativa de países desarrollados que es deseable que el conocimiento financiado con dineros públicos sea accesible y disfrutable por todos, cuando incluso quienes desde la filantropía privada optan por esquemas abiertos porque ha fracasado el sistema de propiedad intelectual http://weblogs.madrimasd.org/tecnocidanos/archive/2006/07/25/35434.aspx, cuando hasta el sector financiero ha decidido aplicar mecanismos abiertos en los desarrollos que financian, en Colombia Colciencias decide que el conocimiento que se produce con su apoyo financiero no es de los colombianos en general sino del investigador en particular. Por loable que sea la intención de Colciencias con esta decisión reitera la posición oficial del Estado colombiano que favorece el interés particular sobre el público, aunque admito que en este caso tiene una consecuencia positiva: deslegitima críticas desde el sector público a proyectos de software libre financiados con fondos públicos porque no sería válido afirmar que el Estado puede “regalar” sus intereses económicos a favor de unos particulares y no puede hacerlo a favor de la sociedad, como ocurre con el software libre.

Menciona Semana que las críticas fueron rechazadas por la vicecanciller Adriana Mejía, quien les dijo que la posición fue pactada con los ministerios que participan en el tema, dijo la doctora Mejía “Colombia considera que es importante trabajar por el acceso a los medicamentos de los más pobres, pero es claro que se deben respetar los acuerdos mundiales y las instancias para discutir unos asuntos tan técnicos y delicados”, y añadió que es absurdo pensar que el país estaba defendiendo posiciones de otros… me parece a mi que el tema no está cerrado pues precisamente el problema es que es una posición oficial en la que el Estado está comprometiendo todos sus recursos y nuestro futuro en una posición radical que en todo caso tiene algunas fracturas como la que mostró la Corte Suprema de Justicia hace tan solo un mes.