Me invitaron a escribir una columna para El Espectador (que no fue publicado en el .com) y decidí hacerlo sobre un tema que me ronda hace unos días y es la decisión de nuestro Estado de renunciar a decidir el destino y la forma como se usará la investigación en ciencia, tecnología e innovación que financia con nuestros impuestos. La columna fue publicada hoy en la versión impresa del periódico asi que les dejo aca el texto que escribí:
¿Desaprovechando una oportunidad?
Es costumbre que quien ponga el dinero en un proyecto defina condiciones de derecho de autor, pues los derechos patrimoniales son libremente negociables, esto permite al sector público definir políticas de propiedad intelectual de aquello que financia. Las políticas de propiedad intelectual pueden impulsar la idea de que es el control de la propiedad intelectual el motor de innovación que permite al sector productivo recuperar su inversión, o, pueden aprovechar las capacidades de las nuevas tecnologías para potenciar el acceso a favor de la sociedad en general también como una forma de impulsar innovación. A pesar de la tendencia mundial para la época, Colombia se inclina por la primera.
El Acuerdo 8 de 2008 de Colciencias entregó a los ejecutores de las investigaciones que financia la titularidad sobre la propiedad intelectual resultante de los proyectos de investigación, de modo que tuvieran control sobre su explotación.
En contraste ese mismo año el gobierno australiano produjo un informe respecto del sistema nacional de innovación en el que elogiaba la apertura. El informe no solo aconsejaba al Estado la adopción de estándares internacionales de publicación abierta sino que consideraba que la información pública debería estar a disposición de la iniciativa privada para su explotación como motor de innovación.
Hoy Brasil construye una ley que impone acceso abierto a lo que se financia con dinero público; las universidades públicas y privadas, instituciones como el BID, o la Fundación de Bill Gates también lo hacen; e incluso Colombia promueve y lidera proyectos nacionales de repositorios de acceso abierto… y, sin embargo, de aprobarse el artículo 26 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 nuestro país renuncia a definir las condiciones de circulación de los resultados de proyectos en ciencia, tecnología e innovación que sean financiados por recursos del presupuesto nacional. Con esta norma se amplía el alcance y se eleva a ley la política de Colciencias. Acaso ¿no sería oportuno analizar con detalle esta situación?, ¿no deberíamos evaluar los pro y los contra de la continuidad y generalización de tal política?
Viéndolo ya en impreso se me ocurrió que hay mucho más para decir, pero hay una cosa en concreto que no puedo dejar pasar, y se trata de hacer notar a ustedes que la política de Colciencias incluye una excepción y es que se pueda establecer que por motivos de interés público el resultado de una determinada investigación sea licenciado gratuitamente a Colciencias. Bien, ni siquiera esta disposición quedó en la ley que tendría en consecuencia una aplicación bastante estricta en lo que respecta a la transferencia del control a los individuos ejecutantes.
Es posible que el ejercicio de escribir columnas se repita cada semana los viernes, esperemos a ver como nos va!
ACTUALIZACION: Les dejo algunos enlaces relacionados por si quieren profundizar:
1. La noticia de Colciencias cuando se expidió la política en 2008
2. El Acuerdo 08 de 2008
3. Mi opinión a la política de Colciencias en 2008
4. El proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo que cursa en el Congreso
5. Sobre el informe australiano de innovación
