Fundación Karisma apoya a Diego Gómez

y se suma a la campaña #CompartirNoEsDelito

Para la Fundación Karisma y en particular para su grupo “Derecho, Internet y Sociedad” el uso responsable y reflexivo de la tecnología para garantizar el ejercicio de derechos humanos (entre ellos el acceso al conocimiento) es la base de nuestro trabajo. Creemos que construir un marco legal equilibrado para el ejercicio de esos derechos en medios digitales y particularmente en Internet es indispensable en cualquier país hoy. Sabemos que esto supone un conjunto de retos para la sociedad y particularmente para los jueces que son los garantes de nuestros derechos. El caso de Diego Gómez es una muestra clara del tipo de discusiones que como sociedad enfrentamos cuando pretendemos aplicar a prácticas comunes en Internet, un conjunto de leyes pensadas hace décadas para el ámbito analógico de bienes escasos y teniendo en cuenta solo las necesidades de protección y la lógica del mercado. Estas leyes desconocen las transformaciones que ha generado Internet como herramienta para la creación, producción y distribución de contenidos.

Los delitos por derechos patrimoniales de autor buscan proteger la explotación comercial de las obras protegidas a favor de sus titulares. La justificación es los potenciales daños que la “piratería” genera en la industria. Sin perjuicio del debate pendiente sobre el tema, debe quedar claro que las acciones de los usuarios, las actividades sin ánimo de lucro, el compartir, no están dentro del ámbito penal. Karisma sostiene que la regulación en general debe desarrollarse en un ámbito garantista de derechos. En una sociedad que dispone de una tecnología disruptiva como Internet, el ejercicio de los derechos a la educación, el acceso a la ciencia y la cultura, y el respeto por la libertad de expresión deben ser respetados.

El caso de Diego es sin duda absurdo, nos recuerda que el desequilibrio de las normas puede afectar a cualquiera y por eso nos importan a todos. Nos obliga a recordar que es importante el rol del juez que en este caso es quien puede garantizar que la justicia represiva del derecho penal no pueda ser general, sino que cumpla su fin, el de ser el recurso último de la sociedad en casos especiales. Así lo dijo el juez argentino al fallar a favor del profesor Horacio Potel (en un caso similar)  “si bien el comportamiento desplegado por el encartado puede subsumirse sin dificultad dentro de una figura penal – defraudación por reproducción de obras publicadas sin autorización de su autor o derechohabientes – la misma, a su entender, no ha ocasionado un real agravio al bien jurídico protegido por la norma, toda vez que no toda afectación mínima es capaz de alcanzar esos extremos”.

Por todo esto, en la Fundación Karisma apoyamos a Diego y esperamos que se haga justicia, pues como él dice “compartir no es delito”.

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